Chile, lejos del pluralismo informativo

Decisión de la Corte Suprema de atender el reclamo de la revista Punto Final, sobre la desigual distribución del avisaje estatal, abre nuevas esperanzas para los medios escritos independientes. Esto debido a que actualmente, más del 80% de los 5 mil millones de pesos anuales que destina el Estado en avisaje para la prensa escrita, va a parar a los diarios de las cadenas El Mercurio y Copesa.

Ante esta situación, que se ha repetido durante los 20 años de gobierno de la Concertación, la revista Punto Final (fundada en 1967) decidió iniciar una demanda contra al Estado chileno, reclamo que a fines de febrero fue atendido por la Corte Suprema, que aceptó conocer el recurso de reclamación.

La noticia genera optimismo en los medios escritos independientes pues el camino para romper con esta injusta distribución del avisaje estatal, ha estado plagado de baches en el camino. Sin ir más lejos, hace poco, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la demanda de Punto Final, tras lo cual la revista presentó el recurso al máximo tribunal del país.

Según explicó el director de Punto Final, el periodista Manuel Cabieses, uno de los fundadores de la revista, la demanda contra el Estado “es por la discriminación que sufre la prensa independiente respecto al avisaje estatal, que favorece sólo a los grandes conglomerados mediáticos. En el caso de la prensa escrita, los avisos del Estado favorecen a la cadena El Mercurio, dueña del diario del mismo nombre, Las Últimas Noticias, La Segunda y medios regionales; y a Copesa, controladora de La Tercera y La Cuarta”.

En ese sentido, un estudio realizado en el año 2005 por el Observatorio de Medios (Fucatel), sobre la inversión publicitaria del Estado, ratificó que los principales receptores del avisaje estatal de la prensa escrita fueron en un 48% los diarios de la cadena El Mercurio y en un 29% los del grupo Copesa. O sea, ambos consorcios concentran el 77% de la inversión publicitaria estatal.

Así las cosas, el recurso de reclamación de Punto Final será visto por la Tercera Sala de la Corte Suprema (especialista en asuntos civiles y constitucionales), durante la primera semana de marzo.

“La solicitud de Punto Final invoca la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que regula la incidencia de los monopolios u oligopolios en la propiedad sobre los medios de comunicación”, explicó el director de Punto Final, Manuel Cabieses.

El periodista agregó que “esperamos una decisión categórica de la Corte Suprema en defensa de la libertad de expresión. Si la discriminación denunciada por nosotros ha ocurrido durante los gobiernos de la Concertación, hay que imaginar lo que sucederá bajo un gobierno derechista que no tiene compromiso alguno con el pluralismo informativo”.

Hasta el momento, el argumento de los sucesivos gobiernos concertacionistas es que la asignación publicitaria se sostiene en que los avisos son puestos en los medios de mayor circulación, situación que se profundiza aún más en las regiones del país, donde después de la Dictadura, la cadena El Mercurio se adueñó de todos los diarios.

Para Cabieses, esta “lógica” se suele utilizar para justificar que la prensa independiente no tenga acceso a la publicidad estatal y privada. “Sin embargo, los medios independientes tienen a veces altos niveles de tiraje y circulación, superiores a los del Mercurio y Copesa, e igual no son elegidos por los anunciantes”.

Hay casos emblemáticos en este tema. Por ejemplo, la desaparición de importantes medios de comunicación escrita, como los diarios La Época y Fortín Mapocho, y las revistas Cauce y Análisis, y ya hacia finales de la década del ’90, los diarios Siete y El Metropolitano.